Los Estados miembros de la UE aprueban una reforma que simplifica y reduce la exigencia de normativas de sostenibilidad para empresas, generando polémica entre diferentes sectores.
Los Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde definitiva a una revisión de la normativa sobre sostenibilidad empresarial que reduce su alcance y exigencias para las compañías. La decisión, adoptada en Bruselas, culmina tras meses de negociaciones marcadas por la presión de gobiernos y actores económicos internacionales.
La reforma afecta principalmente a la Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, que a partir de ahora se aplicará únicamente a las empresas de mayor tamaño: aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a 1.500 millones de euros, así como a compañías extranjeras con ese volumen de negocio dentro del mercado comunitario. En caso de incumplimiento, las sanciones podrían alcanzar hasta el 3 % de la facturación global neta.
El ajuste normativo responde a las críticas de distintos sectores empresariales, que consideraban que la regulación anterior generaba una carga administrativa excesiva y afectaba a la competitividad frente a mercados internacionales. En esta línea, Marilena Raouna, representante de la presidencia de turno del Consejo, señaló que el objetivo es avanzar hacia un marco “más proporcionado y manejable” para las empresas.
Entre los cambios introducidos destaca también el aplazamiento del calendario de aplicación, que se retrasa hasta mediados de 2029 para las grandes compañías, así como la eliminación de la obligación de establecer planes de transición climática.
La revisión incluye igualmente modificaciones en la directiva de información en sostenibilidad, elevando el umbral de aplicación a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, frente a los criterios anteriores más amplios.
Aunque la reforma busca equilibrar regulación y competitividad, ha generado preocupación entre organizaciones medioambientales e inversores, que advierten de un posible retroceso en la transparencia y en la capacidad de identificar prácticas empresariales realmente sostenibles.