Las asociaciones del sector farmacéutico y cosmético en España hacen un llamamiento a una transposición flexible de la Directiva europea sobre aguas residuales, citando importantes incertidumbres jurídicas, técnicas y económicas.
Las principales asociaciones españolas de los sectores farmacéutico y cosmético han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su apoyo a los objetivos medioambientales de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, aunque advierten de que el actual diseño del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) genera importantes incertidumbres jurídicas, técnicas y económicas.
El documento, firmado por las asociaciones Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, coincide con el proceso de transposición de la normativa europea a la legislación española, tras la finalización de la consulta pública previa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las organizaciones subrayan que la mejora de la calidad de las aguas residuales urbanas es un objetivo plenamente alineado con su compromiso con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, consideran que el mecanismo de RAP previsto por la Directiva atribuye de forma desproporcionada la financiación del tratamiento cuaternario a los sectores farmacéutico y cosmético, vulnerando, a su juicio, el principio de "quien contamina paga", así como los principios de proporcionalidad y no discriminación.
Cuestionan la atribución de responsabilidades
Las asociaciones sostienen que la Directiva parte de la premisa de que los medicamentos de uso humano y los productos cosméticos son los principales responsables de la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales urbanas, una conclusión que consideran insuficientemente respaldada por la evidencia científica disponible. En este sentido, señalan que los estudios utilizados presentan limitaciones metodológicas, ausencia de datos completos y dificultades para establecer una relación causal clara entre ambos sectores y la carga total de contaminantes.
Además, recuerdan que el propio Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio una moción en la que solicita a la Comisión Europea la realización, antes de finales de 2026, de un nuevo estudio independiente que identifique las sustancias responsables de la microcontaminación, evalúe los costes reales del tratamiento cuaternario y revise la asignación de responsabilidades conforme al principio de "quien contamina paga".
Las entidades consideran que la transposición española debería aprovechar el margen que ofrece la normativa comunitaria para ampliar el sistema de responsabilidad a otros sectores potencialmente contaminantes, evitando que la carga económica recaiga exclusivamente sobre la industria farmacéutica y cosmética.
Incertidumbre sobre costes y exenciones
Otro de los aspectos que preocupa a las asociaciones es la falta de definición de elementos clave del nuevo régimen, como las zonas de riesgo o los criterios de exención aplicables a determinadas sustancias. Según indican, estas indefiniciones dificultan estimar el impacto económico real para las empresas.
El informe técnico y jurídico elaborado por PwC por encargo de las siete organizaciones estima que los costes podrían situarse entre 134 y 346 millones de euros anuales durante un periodo de veinte años, lo que supondría un impacto acumulado de entre 2.680 y 6.920 millones de euros.
Ante este escenario, las asociaciones consideran que la aplicación del sistema RAP debería aplazarse hasta que exista mayor seguridad jurídica y técnica sobre su funcionamiento.
Reclaman vincular los costes a infraestructuras operativas
El comunicado también pone el foco en el grado de desarrollo de las infraestructuras españolas de depuración. Las organizaciones recuerdan que, aunque los tratamientos primario y secundario están ampliamente implantados, el tratamiento terciario sigue siendo limitado y el cuaternario apenas está presente en proyectos piloto o en un reducido número de instalaciones.
Por ello, defienden que las contribuciones económicas de los productores solo deberían exigirse cuando las plantas de tratamiento cuaternario estén realmente operativas y sus costes puedan medirse, verificarse y auditarse. Asimismo, consideran que cualquier aportación destinada a financiar inversiones debería estar vinculada a planes aprobados, hitos verificables y mecanismos que permitan compensar o devolver las cantidades abonadas si las infraestructuras no llegan a ejecutarse o sus costes finales resultan inferiores a los previstos.
También solicitan que no se repercutan a los productores gastos correspondientes a actuaciones distintas del tratamiento cuaternario, como aquellas relacionadas con la reutilización del agua.
Una financiación equilibrada y una transposición flexible
Las asociaciones defienden que la legislación española se limite a aplicar el mínimo exigido por la Directiva, fijando la aportación de los productores en el 80 % de los costes elegibles, mientras que el 20 % restante sea asumido mediante financiación pública, dada la naturaleza pública del saneamiento y el origen multifactorial de los microcontaminantes.
Por último, hacen un llamamiento a que la transposición nacional tenga en cuenta el contexto jurídico europeo, marcado por el recurso presentado por Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la cuestión prejudicial elevada en mayo de 2026 por el Tribunal Superior de Irlanda sobre la validez del régimen de RAP.
En este contexto, las entidades consideran que España debería adoptar un modelo flexible y revisable, capaz de adaptarse a futuras resoluciones judiciales, nuevos estudios científicos o modificaciones del marco regulatorio europeo, evitando introducir obligaciones adicionales que puedan generar sobrecostes o inseguridad jurídica para los sectores afectados.