Número 45

14 INDUSTRIA COSMÉTICA 045 ESPECIAL COSMETICAFORUM 2026 actualidad Las asociaciones del medicamento y la cosmética reclaman una transposición prudente de la Directiva europea sobre aguas residuales Las principales asociaciones españolas de los sectores farmacéutico y cosmético han publicado un comunicado conjunto en el que respaldan los objetivos medioambientales de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, pero advierten de las incertidumbres jurídicas, técnicas y económicas que plantea el régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto por la normativa. El documento, firmado por Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, llega durante el proceso de transposición de la directiva a la legislación española. Las organizaciones consideran que la mejora de la calidad de las aguas residuales está plenamente alineada con el compromiso de ambos sectores con la sostenibilidad y la protección de la salud y el medioambiente. Sin embargo, cuestionan que la financiación del tratamiento cuaternario recaiga de forma desproporcionada sobre las industrias farmacéutica y cosmética, al considerar que no responde a los principios de proporcionalidad, no discriminación y «quien contamina paga». Las entidades también cuestionan la evidencia científica que vincula específicamente a medicamentos y cosméticos con la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales. Señalan limitaciones metodológicas y dificultades para establecer una relación causal clara con la carga contaminante total. En este contexto, recuerdan que el Parlamento Europeo solicitó en junio un nuevo estudio independiente que permita identificar las sustancias responsables, evaluar los costes del tratamiento cuaternario y revisar la asignación de responsabilidades. Otro de los principales motivos de preocupación es la incertidumbre sobre los costes y las condiciones de aplicación del sistema RAP. Un informe técnico y jurídico elaborado por PwC estima que su impacto podría alcanzar entre 134 y 346 millones de euros anuales durante veinte años, con un coste acumulado de entre 2.680 y 6.920 millones de euros. Por ello, las asociaciones consideran que su aplicación debería aplazarse hasta disponer de mayor seguridad jurídica y técnica. Asimismo, reclaman vincular las aportaciones económicas a la existencia de infraestructuras de tratamiento cuaternario efectivamente operativas, de modo que los costes puedan medirse y auditarse. También defienden que las inversiones estén sujetas a planes aprobados y mecanismos de compensación o devolución si las instalaciones no se ejecutan o su coste final es inferior al previsto. En cuanto a la financiación, las organizaciones proponen que España aplique el mínimo exigido por la directiva: que los productores asuman el 80 % de los costes elegibles y que el 20 % restante sea cubierto mediante financiación pública, teniendo en cuenta el carácter público del saneamiento y el origen multifactorial de los microcontaminantes. Finalmente, reclaman una transposición flexible y revisable, capaz de adaptarse a nuevos estudios científicos, cambios regulatorios y futuras resoluciones judiciales europeas, evitando obligaciones adicionales que puedan incrementar la inseguridad jurídica y los costes para las empresas.